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FAQ

Preguntas y respuestas frequentes.

Villoslada Serra Abogados FAQ

Preguntas y respuestas frequentes.

Todos los ocupantes y conductor que hayan sufrido daños materiales o personales, de un vehículo, motocicleta o ciclomotor cuyo conductor no es el culpable del accidente.
Todos los ocupantes, que hayan sufrido daños materiales o personales, de un vehículo, motocicleta o ciclomotor cuyo conductor es el culpable del accidente.

Antes de la reforma laboral de la reforma laboral de 2.012 el Estatuto de los Trabajadores establecía una indemnización por despido de 45 días de salario por año de servicio con una máximo de 42 mensualidades.
Tras la reforma operada por la Ley 3/2012 esta indemnización pasó a ser de 33 días de salario por año de servicio con un tope máximo de 24 mensualidades.
No obstante, la Disposición Transitoria 5ª de esta Ley 3/2012 (ahora recogida en la Disposición Transitoria 11ª del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores) regulaba la fijación de la indemnización por despido procedente para aquellos trabajadores con contratos celebrados anteriormente a la entrada en vigor de la reforma laboral.
Dicha Disposicón Transitoria viene a decir que "La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad al 12 de febrero de 2.012 se calculará a razón de cuarenta y cinco día de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha, prorratándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, y a razón de treinta y tres días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior, prorrateándose igualmente por meses los periodos de tiempo inferiores a un año. El importe indemnizatorio no podrá ser superior a setecientos veinte días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior al 12 de febrero de 2012 resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará este como importe indemniza torio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a cuarenta y dos mensualidades, en ningún caso".
Este precepto ha dado lugar a dos interpretaciones diferenciadas por parte de los Tribunales de Justicia respecto a cómo debe aplicarse el topo de los 720 días: si por tramos de indemnización o a la indemnización en su conjunto, de manera que en cuanto se alcancen los 720 días deja de devengarse indemnización.
A favor de la primera línea interpretativa, en contratos la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2.014, que opta por calcular la indemnización diferenciando la extensión de los períodos antes y después de la reforma laboral de 2.012. Por ello, toma un primer tramo hasta el 11 de febrero de 2.012 para comprobar si la antigüedad alcanzada hasta la esa fecha supera los 720 días de indemnizaión. En caso afirmativo, se debe acceder al límite de 42 mensualidades.
En cambio, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 29 de septiembre de 2.015, adopta la tesis contraía, al considerar que superado el límite de los 720. Días de salario y aplicando por tanto la indemnización resultante de la antigüedad hasta el 12 de febrero de 2.012, no habría de reconocerse indemnización alguna generada después de esta fecha.
Esta no es la única sentencia que difiere de la del Tribunal Supremo, pues también encontramos otras, como la del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 30 de junio de 2.015.
En cualquier caso, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha sido recurrida en casación por lo que estamos a la espera de que el Tribunal Supremo se vuelva a pronunciar.

El acoso laboral incluye desde bromas e indirectas delante del trabajador/a objeto del acoso, menosprecios a su trabajo o a su forma de vestir, hasta insultos y amenazas directas, ya sean en privado como delante de otras personas. Precisamente con la finalidad de socavar la autoestima de la víctima.

La custodia compartida es la situación legal mediante la cual, en caso de separación matrimonial o divorcio, ambos progenitores ejercen la custodia legal de sus hijos menores de edad, en igualdad de condiciones y de derechos sobre los mismos. No se debe confundir la custodia legal con la patria potestad.

En primer lugar, debes saber que para presentar una demanda de divorcio de mutuo acuerdo con el convenio regulador, deben de haber transcurrido un mínimo de 3 meses desde la celebración del matrimonio.

La demanda de divorcio de mutuo acuerdo debe ir acompañada del convenio regulador de divorcio, el cual debe contener los siguientes puntos:

  • Manifestación acerca de la disolución de la convivencia conjunta.
  • Patria potestad.
  • Guardia y custodia de los hijos, régimen de visitas, estancia donde se establecerán los menores.
  • Pensión de alimentos a favor de los hijos.
  • Atribución de la vivienda conyugal y del ajuar.
  • Pensión compensatoria, en el caso de que se fije.
  • Liquidación régimen económico matrimonial.


Es importante tener en cuenta que todas las páginas de dicho convenio, deberán estar firmadas por ambas partes. Una vez presentado el convenio ante el juzgado, este citará a ambas partes para que acudan al juzgado para ratificar el convenio presentado; es decir, delante de un funcionario confirmar que el convenio regulador presentado está realmente firmado por ambas partes. En el caso de que una de las dos partes no comparezca, el proceso de divorcio de mutuo acuerdo se archivará.

Seguidamente, el convenio regulador se trasladará al Ministerio Fiscal, que será el órgano encargado de confirmar que no se produce ningún daño ni perjuicio para el menor en cuestión en las decisiones tomadas por sus progenitores.

En breve y si todo es correcto, deberás recibir sentencia en la que se aprobará el convenio, se establecerá la disolución del vínculo matrimonial y se devolverá toda la documentación original que se aportó al inicio del acuerdo de divorcio de mutuo acuerdo.

Si con el tiempo, el convenio regulador aprobado ya no es acorde con la realidad del momento, existe la posibilidad de modificarlo. Dicha solicitud de modificación puede ser solicitada por cualquier cónyuge o por el Ministerio Fiscal, siempre que exista una variación sustancial de las circunstancias, por ejemplo, una variación importante de la economía de uno de los progenitores, ya sea a mejora o declive, deberá replantear la pensión con la que dicho progenitor contribuye en los gastos familiares.

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